miércoles, 5 de agosto de 2015

Chile compra aviones a Hitler y Mussolini



Corrupción en el siglo XX

Punto Final

Uno de los mayores escándalos de corrupción del segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma fue la compra de aviones -sin propuestas públicas ni privadas- de decenas de aviones para la Fuerza Aérea de Chile en 1937. La denuncia la hizo, en numerosas sesiones de la Cámara, el entonces diputado radical Gabriel González Videla.

El asunto se inició con la rápida aprobación, en sesión secreta del 30 de enero de 1937 (“entre gallos y medianoche”, de acuerdo a González Videla), de la ley N° 6.011 que autorizó la inversión de cien millones de pesos en adquisición de material bélico. Sin embargo -y sorprendiendo al Congreso- el gobierno, por medio del decreto N° 119 del 11 de febrero de 1937 (suscrito por Alessandri y el ministro de Defensa, Emilio Bello que fue conocido por el Congreso y el país solo cuando González Videla lo reveló el 17 de agosto), determinó adquirir dicho material en la Alemania nazi y la Italia fascista, sin efectuar ninguna propuesta para tal efecto: “Nómbrase una comisión presidida por el general don Diego Aracena, para que se traslade a Europa (Alemania e Italia) con el fin de estudiar y resolver, en dichos países, la adquisición de material aéreo que consulta la ley. Autorízase al general Aracena, para que subscriba los contratos respectivos, previa aceptación del Supremo Gobierno” (ver Boletín de Sesiones de la Cámara de Diputados; 17-8-1937).

A ello se añadió, el 16 de febrero, el decreto N° 655 de Hacienda -también desconocido por el Congreso hasta agosto- por el cual la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo (Covensa) -de la cual era presidente el ministro de Hacienda, Gustavo Ross- entregó al Fisco 44 millones de pesos en liras y 56 millones en marcos para hacer efectivo lo anterior. Respecto de dicho decreto, González Videla, en presencia del ministro Bello, manifestó: “Este decreto no podrá desconocerlo el señor ministro y es el complemento de este oscuro negocio, pues facilitaba la compra exclusivamente en Alemania e Italia, como lo ordenaba el decreto anterior” (Ibid.). Y que esos millones “se convierten (…) en marcos y liras, en circunstancia que el gobierno ignoraba hasta esa fecha lo que Italia y Alemania podía venderle; no existían propuestas relacionadas con los precios, plazos y calidad de los aviones” (Boletín; 24-8-1937).



LA CONVENSA Y COSACH

Para entender a fondo este esquema de corrupción es fundamental comprender lo que era la empresa Covensa. Esta se constituyó como una asociación entre el Estado chileno y las compañías productoras de salitre (la gran mayoría extranjeras) para los solos efectos de su comercialización y no de la propiedad, como lo había sido la anterior Compañía de Salitre de Chile (Cosach). Esta había sido creada por la dictadura de Ibáñez, asociando por partes iguales al Estado chileno con las compañías salitreras, a cambio de la eliminación del impuesto histórico del 50% al salitre exportado.

Con la Covensa se estableció un estanco por 35 años, por el cual solo se le pagaría a los productores el “costo industrial” (esto es, los gastos del productor incluyendo las reparaciones; pero excluyendo la amortización de maquinarias, el agotamiento de los terrenos salitrales, los intereses del capital y el servicio de las deudas) más 1,5 pesos por tonelada, suprimibles o modificables por el directorio de la Covensa. A su vez, este directorio se conformó por once miembros: cinco elegidos por el Estado, cinco por los privados y su presidente -que tendría que ser de nacionalidad chilena- elegido por consenso entre ambos.

A diferencia de la anterior Cosach que le otorgaba el 50% de las utilidades al Estado, con la Covensa éstas se redujeron al 25%. Además, ésta y sus empresas adheridas quedarían libres de todo impuesto, a diferencia de la Cosach a la que solo se le exceptuaba el impuesto a la exportación. Por otro lado, el Banco Central financiaría a la Covensa y les daría anticipos a los productores. También les proporcionaría divisas en condiciones privilegiadas y les condonaría las contribuciones fiscales que adeudaran sus oficinas y terrenos salitrales. Asimismo, el Estado renunció, a favor de las compañías, a un crédito de cuarenta millones de dólares (cerca de dos mil doscientos millones de pesos), a cambio de un pago de ciento cuarenta millones de pesos.

Todo lo anterior llevó al derechista Jorge de la Cuadra a afirmar que la ley que creó la Covensa “es la creación más funesta para el país que registra la historia legislativa y económica de la República”. En concreto señaló que dicha ley “constituye un conjunto sui generis de disposiciones de excepción, de favoritismos legales contrarios a las normas y prácticas jurídicas, y crea un Estado dentro del Estado”; que “ha tenido por efecto entregar el control del salitre chileno a la firma norteamericana Guggenheim Brothers y a los acreedores del Estado y de la industria, con evidente perjuicio de la economía del país”; y a que “se despreció la única oportunidad que se ha presentado al gobierno de Chile de nacionalizar la industria salitrera o parte de ella; alejando y dificultando toda nacionalización posterior” (Jorge de la Cuadra: Magia financiera ; Edit. Ercilla, 1938; pp. 22-3).

Llevó también al derechista general retirado, Carlos Sáez, a expresar que “no solo no se ha nacionalizado la industria, sino que, con la organización adoptada, se podría decir que se nos ha remachado el clavo del control extranjero sobre esa industria” ( Y así vamos ; Edit. Ercilla, 1938; p. 200).

Y al ex senador ultraderechista, Enrique Zañartu Prieto, a decir, luego de reseñar los diversos daños al interés nacional que implicó la Covensa, que su creación “es para mí un enigma que me moriré sin descifrar” (De la Cuadra; p. 25).



PLATA PARA LA DERECHA

Luego, el 5 de marzo (dos días antes de las elecciones parlamentarias) la Covensa procedió a convertir los pesos en liras y marcos, derivando de dicha operación cinco millones de pesos para la caja electoral de los partidos de derecha. Esto fue denunciado en la Cámara de Diputados -sin ser desmentido- por Gabriel González Videla y Juan Bautista Rossetti, en base a revelaciones de dos personas de derecha: Julio Hudson y David Blair (ver Boletín; 15-9-1937).

Todo lo anterior hizo mucho más grave el esquema de corrupción. En definitiva la exclusividad con Alemania e Italia se explicaba en alguna medida por las simpatías con los fascismos europeos del gobierno de Alessandri. Pero, sobre todo, porque la balanza exterior con ambos países estaba muy deficitaria para Chile; y que -en virtud de que los tratados comerciales con aquellos establecían un virtual sistema de trueque- la Covensa tenía una gran cantidad de marcos y liras “bloqueados” o “congelados” en esos países. Ross, en su doble calidad de ministro de Hacienda y presidente de la Covensa, ideó una fórmula que traspasaba aquellos marcos y liras bloqueados al Estado chileno para que comprara los aviones; a cambio de una disminución en 100 millones de pesos de la deuda que los salitreros tenían contraída con el Banco Central, los que tomaba a su cargo el Fisco cargándolos al presupuesto nacional.

Así, González Videla dijo: “Este era el plan del señor Ross, que logró realizar en toda sus partes, plan que evidentemente fue ocultado al Congreso anterior en sus finalidades y proyecciones íntimas, y cuya discusión y aprobación se hizo en sesión secreta y con el trámite excepcional de la ‘suma urgencia’ (…) Logró ser aprobado en una sesión secreta que duró tres cuartos de hora, no sin dejar de llamar grandemente la atención que el señor Ross, que había desguarnecido y desamparado sistemáticamente a nuestra fuerzas armadas apareciera interesándose con tanto secreto y urgencia en la compra de armamentos aéreos”.

En el debate intervino el señor (Eduardo) Alessandri: ¿Y por qué no hizo las observaciones del caso el honorable diputado cuando se discutió la ley? El señor González Videla respondió: “Por dos razones: primero, porque la oposición fue impotente para impedir la ‘suma urgencia’ y porque en realidad, lo confieso, por la precipitación en el despacho del proyecto, no se dispuso de tiempo para estudiar el fondo del problema”. De modo que González concluyó que “lo que el señor Ross verdaderamente perseguía no era la compra de armamentos, sino la compra de los marcos y las liras que estaban retenidas en Alemania e Italia” (Boletín; 24-8-1937).



OFERTAS RECHAZADAS

SIN EVALUARLAS

Más dañino al interés nacional fue que se hizo todo lo anterior sin que numerosas ofertas de ventas de aviones de empresas y gobiernos de diversos países fueran estudiadas, sin evaluarlas comparativamente. La primera de ellas fue efectuada el 4 de febrero de 1937 -es decir, cuatro días después que fuera aprobada la ley y siete días antes del decreto que determinó comprar el armamento en Alemania e Italia- por la empresa estadounidense Curtis Wright Export Corporation; y en la que se señalaba que “la empresa está dispuesta a realizar todas las demostraciones técnicas que usted le exija, tal como lo ha hecho en Brasil y Argentina, países a los cuales les ha proporcionado últimamente aviones modernamente equipados y de la mayor eficiencia” (Boletín; 17-8-1937).

Lo anterior fue reconocido por el informe de la comisión presidida por el general Aracena, que fue citado en la Cámara por el ministro Emilio Bello: “Teniendo en vista lo anteriormente expuesto, la comisión estimó innecesario recomendar la visita a los países que como Estados Unidos de Norte América, Gran Bretaña, Francia, Holanda, Checoeslovaquia, etc., que producen elementos aéreos similares a los fabricados por Alemania e Italia y cuyos precios deben mantenerse seguramente en un plano de igualdad” (Ibid.). Es decir, como lo constató González, “fue sencillamente una suposición respecto de los precios por parte de Aracena”, lo que excluyó a priori todas las otras ofertas.

De manera absurda el ministro Bello intentó justificar lo anterior, al señalar que “obran en poder de la comisión presidida por el señor general Aracena algunas proposiciones de firmas norteamericanas, holandesas, checoslovacas, invitaciones de los gobiernos de Inglaterra y Francia, las cuales no han podido ser estimadas, en vista de las razones expuestas anteriormente por el señor general” (Ibid.) ¿Cómo el ministro hablaba de “razones” cuando se estaba refiriendo a suposiciones completamente antojadizas e irresponsables del general Aracena de que todos los aviones ofertados por los diversos países tenían el mismo precio?

Sin embargo, en el mismo día Bello incurrió en el desliz de declarar que “la circunstancia de que se haya fijado estos dos países (Alemania e Italia) para las adquisiciones se debió a que era allí donde contábamos con las divisas necesarias para poder comprar este material” (Ibid.). Aunque claro, distorsionó la realidad, puesto que no era el Estado de Chile quien tenía esas divisas bloqueadas, sino la Covensa que buscaba rescatarlas a través de la irregular compra de aviones que haría el Estado chileno. Y en una flagrante y completa falsedad, el ministro agregó que “esto no excluyó que se consideraran todos los datos y antecedentes de todas las propuestas que se presentaron” (Ibid.).



ALEMANIA E ITALIA

IMPONEN CONDICIONES

Hubo otras dos circunstancias que agravaron el daño al Estado chileno y que fueron fácilmente previsibles, pero que no abortaron el plan de Ross a favor de la Covensa: el alza de los precios del material italiano y alemán, entre el estudio inicial y la realización del contrato; y las exigencias del pago final parcialmente en dólares. Así, el ministro Bello reconoció que la comisión presidida por Aracena “tuvo en Europa la sorpresa de ver que todos los precios de todas las fábricas han subido”, para contradictoriamente añadir en seguida que “las razones son bien obvias; la situación misma en que se encuentran los países de Europa están indicando que todo este material ha tenido que subir de precio, lo que ha obligado a alterar el primitivo plan de adquisiciones” (Ibid.).

¿Qué sorpresa pudo haber entre febrero y agosto de 1937, en circunstancias que el involucramiento de ambos países en la guerra civil española no experimentó ningún cambio sustancial entre dichas fechas? Y todo ello constituía una razón adicional para analizar detenidamente las ofertas de otros países que no estaban involucrados en ella; y particularmente las de EE. UU. que todavía estaba muy alejado del ya crítico escenario europeo.

Por otro lado, Alemania e Italia, una vez llegada la comisión de Aracena no aceptaron las monedas bloqueadas (liras y marcos) adquiridas el 5 de marzo por el ministro Ross. Luego de insistentes gestiones diplomáticas aceptaron solo una parte del pago en aquellas, pero a cambio de un alza en los precios. Así, de los 31.884.057,97 liras comprados por el Fisco en esa fecha, Italia aceptó en agosto solamente 13.595.764,54 (42,6%). Y de los 7.088.607,60 marcos comprados, Alemania solo aceptó 4.158.929,38 (52,1%). El saldo que representó para el Estado un gasto conjunto de 1.033.848,36 dólares, significó una nueva pérdida, al tener que convertir a dicha divisa las liras y marcos sobrantes (ver Boletín; 24-8-1937).

Todo ello significó la adquisición en Alemania de doce aviones Junkers de bombardeo, nueve aviones Arado para la cooperación naval, y quince aviones Kocke Wulf para la instrucción de los pilotos. Y en Italia, de veinte aviones Breda para servicios generales y nueve aviones Nardi de transición. En total, 65 aviones (ver Boletín; 17-8-1937). En definitiva, como dijo González Videla: “¿Qué hicieron los gobiernos alemán e italiano, bien informados de lo que ocurría en Chile? Sencillamente subieron los precios de los aviones y exigieron el pago… en dólares” (Ibid.)


(*) Este artículo es parte de una serie que pretende resaltar aspectos o episodios relevantes de nuestra historia que permanecen olvidados. Ellos constituyen elaboraciones extraídas del libro del autor, Los mitos de la democracia chilena, publicado por Editorial Catalonia.

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 833, 24 de julio, 2015





http://www.rebelion.org/noticia.php?id=201670

Anti-Imperialista ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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